La Comisión Provincial por la Memoria denunció los alcances regresivos de la Ley ómnibus
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó este viernes a todos los diputados y senadores nacionales un informe detallado sobre los alcances regresivos que contiene el proyecto legislativo de la denominada Ley Ómnibus. El documento repasa los temas centrales que en el marco de las políticas desarrolladas por el organismo constituyen retrocesos en materia de derechos, como la criminalización de la protesta social, la reforma a la ley de salud mental o el régimen de niñeces, entre otros temas.
La Plata, 22 Ene (Por InfoGEI).-La CPM presentó este viernes, un documento a los diputados y senadores nacionales, en el que advierte sobre los alcances negativos que podría tener la aprobación de la denominada Ley Ómnibus. En este sentido, alerta sobre la posible modificación regresiva en materias sensibles para el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.
Esto se verifica en las restricciones severas que el proyecto de Ley propone respecto del derecho a la protesta social, la modificación que agrava penas a las figuras delictivas de atentado y resistencia a la autoridad o la ampliación de la legítima defensa para justificar que la policía mate sin límites.
También en las reformas sustantivas vinculadas a la ley de salud mental, de niñeces, sociedades comerciales y organismos de control, todas quitando, limitando o eliminando derechos y garantías constitucionales. El debilitamiento de los controles estatales que se intenta favorecerá el desarrollo de organizaciones criminales complejas vinculadas al narcotráfico y el delito. Por un lado se anuncia la lucha contra el narcotráfico, y por otro se eliminan controles sobre operatorias comerciales o societarias que claramente le permitirán expandirse y crecer.
Avanzada contra garantías y derechos
Para la CPM la crítica situación actual que atraviesa nuestro país no justifica de ninguna manera esta avanzada contra garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional y los pactos y tratados internacionales a los que la Argentina adhirió hace décadas y hoy tienen jerarquía constitucional.
Por el contrario, continúa el pronunciamiento de la CPM, dicha situación, es el resultado de la implementación de políticas de libre mercado ortodoxas que han prevalecido en una gran parte de los últimos 40 años de democracia impidiendo que esta sea el régimen político que garantice el acceso a derechos de las grandes mayorías. Con esta Ley se busca justamente legitimar y legalizar un orden jurídico que permita, sin ningún tipo de cuestionamientos, el regreso a la versión más salvaje y violenta de esas políticas.
Hacia la perspectiva ideológica del libre mercado
La transformación que se impulsa promueve una serie de reformas estructurales a la Constitución Nacional, a centenares de leyes nacionales, incluyendo el nuevo Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Código Aduanero y también de instituciones públicas, a fin de adaptar el país al paradigma y la perspectiva ideológica del libre mercado.
Estos cambios deben llevarse a cabo dentro de las reglas del sistema democrático vigente y la plena aplicación de nuestra Constitución Nacional, que establece como principios para el gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Y aquí aparecen algunos problemas:
Por fuera de la Ley
El primero es que para ejecutar su proyecto político, el presidente avanza por fuera del marco legal establecido, intentando poner en marcha esta reforma por fuera de los caminos previstos por la ley. El segundo es que no pretende consensuar ni discutir con otros sectores sociales que puedan tener otras perspectivas diferentes, mostrando una clara actuación autoritaria y antidemocrática.
El tercero es que frente a las opiniones o planteos sectoriales que se le oponen, construye un dispositivo represivo estatal para criminalizar y acallar las opiniones diferentes, que lo pone en los límites del sistema democrático, iniciando un peligroso camino hacia el autoritarismo.
Debate extorsivo
Sumado a esto, el apuro con que se pretende conducir el debate es extorsivo y no puede admitirse que se responsabilice a quienes disienten o piden más tiempo para debatir de las consecuencias que ya provocaron y provocarán las medidas económicas adoptadas por el propio gobierno nacional.
La decisión política de imponer una reforma y un cambio cultural sin consensuar ni escuchar a otros actores echa por tierra los pilares sobre los que se sustenta la construcción democrática. Así no se gobierna en una democracia. La lógica del “todo o nada” es propia de los regímenes autoritarios. (InfoGEI)Ac