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22-04-2018 - FIN DEL CONFLICTO
Las 50 viviendas serán entregadas a los adjudicatarios originales



Luego de dos años y cuatro meses de litigio e incertidumbre, la justicia se definió y las casas serán otorgadas a quienes habían sido incluidos en el decreto que había formulado la gestión anterior. Aunque mantiene su desacuerdo, Tellechea dijo: “Resolvimos ponerle fin al proceso judicial, reconociendo la pretensión de los demandantes”. Por su parte, los defensores de los vecinos indicaron que, “teniendo la razón de los beneficiarios, el Municipio decide obligadamente convalidar nuevamente el Decreto 275”.

El problema de las 50 viviendas parece haber llegado a su fin. Luego de 2 años, 4 meses y 8 días, o mejor, después de 859 días de incertidumbre, las casas serán otorgadas a los adjudicatarios originales. A esta situación se llegó luego de varias situaciones que derivaron con la resolución por parte de la justicia, que terminó fallando en favor de los adjudicatarios.
Lo importante ahora es que las familias que durante tanto tiempo esperaron, parece que ahora efectivamente accederán a las viviendas. Pero –siempre hay un pero-, en lo que no se terminan de poner de acuerdo, tanto desde la Municipalidad como desde la defensa de los adjudicatarios es en cómo se terminó desencadenando la solución.
No obstante, ahora los vecinos se encuentran cumplimentando un relevamiento como paso previo a la adjudicación de la unidad habitacional.

A LOS OJOS DEL MUNICIPIO
A través de un texto emitido desde el Municipio informaron que “luego de varias idas y venidas, y de haber anticipado la postura en la apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, el Intendente Calixto Tellechea tomó la decisión de ponerle fin al juicio contra el Municipio donde se discutía la adjudicación de 50 viviendas sociales, y avanza con los trámites ante el Instituto de la Vivienda, al mismo tiempo se realizan las obras de infraestructura para entregarlas a los beneficiarios”.
“Los sucesos que complicaron la cuestión, iniciaron con un decreto del ex intendente, Francisco Iribarren, firmado 7 días antes de finalizar su mandato, y con la obra de las 50 viviendas en estado de paralización desde el mes de julio, donde ya las elecciones primarias de ese año, perfilaban a Tellechea como el futuro intendente”, indicaron.
En esa línea, añadieron: “Fue entonces que el nuevo mandatario comunal, se encontró con un decreto firmado días antes de asumir, mediante el cual se adjudicaban 50 viviendas, y con una obra paralizada desde hacía 5 meses. A esto se le sumaba, que había otras 400 familias inscriptas en los listados de aspirantes que habían sido dejadas de lado sin explicación alguna”.
Según el mismo texto, Tellechea dijo: “Nos encontramos con una situación inexplicable y para nosotros totalmente irresponsable, ya que no se tuvieron en cuenta las ordenanzas vigentes ni la legislación provincial, pero debíamos darle respuesta a cientos de vecinos que con razón hacían sus reclamos por no haber sido tomados en cuenta ni por sorteo público”
“Por eso a mediados de 2016 tomamos dos decisiones: salir a buscar fondos al Ministerio para poder terminar la obra, porque la paralización y la inflación generaron la devaluación del convenio inicial, y lo logramos mediante una actualización de precios. Por otro lado, revocamos el decreto anterior, para poder iniciar un proceso de adjudicación transparente, y con reglas claras para todos”, indicó.
Sostuvo además que “luego, con el fogoneo del sector político que gobernó hasta 2015, empezaron las trabas, las presentaciones administrativas, y hasta terminaron iniciando un juicio contra la Municipalidad. Claramente, hacer las cosas como corresponde, genera que muchos se pongan incómodos”.
“Con el proceso judicial de por medio, donde ya se había dictado una medida cautelar, la postura del Ejecutivo fue la de esperar la resolución judicial que pusiera fin a la cuestión, mientras la obra había reiniciado. Luego de varios meses de proceso, en donde el Juez Juan Bazzani, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la Ciudad de Junín, no diera traslado de la acción al Municipio, la notificación llego el último día hábil de 2017, más precisamente el 29 de diciembre”, explicaron desde la Comuna.
Ya con “la pelota del lado del Municipio” el Intendente reunió a su equipo para avanzar sobre la que considera, la decisión más saludable y pacífica para la comunidad: “Tomamos la mejor decisión posible en el momento justo, que es cuando se estaban finalizando las viviendas, donde pusimos la responsabilidad de gobernar por delante, y la situación social que es más importante que cualquier juicio. Así resolvimos ponerle fin al proceso judicial, reconociendo la pretensión de los demandantes, y elaborando un plan de trabajo en conjunto con el Instituto de la Vivienda de la Provincia, para que los tramites consecutivos de adjudicación, sean los más transparentes posibles”
El decisorio fue comunicado el día jueves 12 de abril, mediante una reunión encabezada por Tellechea, el secretario de Gobierno y Hacienda, Nahuel Mittelbach, y la Asesora Letrada, Victoria Seco, en la que participaron las 50 familias interesadas.
Fue así que el día martes 17, en las instalaciones del CIC comenzó el trabajo de los funcionarios del Instituto de la Vivienda, en donde se tomaron declaraciones juradas a las familias, para continuar los trámites de adjudicación.
“Gracias al trabajo en conjunto con el Instituto de la Vivienda, podremos resolver esta situación, y creemos que para fines de mayo podremos entregar las viviendas a los vecinos, que es lo que acá realmente importa”, concluyó Tellechcea.

A LOS OJOS DE LA DEFENSA
Ayer, por su parte, los abogados defensores Marcelo Adrián Cocco y Debora Di Paolo y el ex diputado Rubén Darío Golía, quienes estuvieron acompañados por concejales y dirigentes de la oposición, explicaron su visión en una entrevista concedida a FM Ciudad.
Uno de los entrevistados, el edil Gerardo Berchi, indicó: “Vemos concretado el sueño de los vecinos de tener su vivienda. Se hace justicia luego que un decreto del Ejecutivo les hizo perder el derecho constitucional de tener su vivienda. Ya estamos casi concluyendo el tema y hoy está el Instituto de la Vivienda encuestando a los vecinos una vez más. Ya habían sido encuestados para ingresar en el Decreto, habían sido encuestados por la justicia y ahora nuevamente, pero todos muy tranquilos.
Por su parte, Golía brindó detalles de la situación. “Estuvimos entrevistándonos con la gente del Instituto de la Vivienda quienes nos informaron que estaban haciendo un relevamiento al solo efecto de informar al Municipio. Eso nos llena de interrogantes sobre por qué no se hizo antes por parte del Municipio. En su momento se tomó una determinación que no fue acompañada de un relevamiento”, expresó.
Golía, quien también fuera intendente de Chacabuco, sostuvo que “el Municipio va a resolver acorde a derecho, porque hay una resolución judicial que así lo dice, y para eso hay que hacer un raconto de los pasos procesales que han hecho llegar hasta esta instancia. En primer término, cuando se dio de baja el Decreto 275 por diferentes argumentaciones que se caen por sí solas, porque en la justicia, cuando se dice una cosa, hay que respaldarla. En este caso, lo que se dijo, no se pudo respaldar”.
“Ese decreto que fue rechazado con argumentos viciados, luego tuvo su presentación a través de una medida cautelar en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Junín, con un resultado favorable para los beneficiarios. Ese fallo fue apelado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, con un nuevo resultado favorable para los beneficiarios, y llegamos a una instancia procesal, teniendo la razón de los beneficiarios, el Municipio decide obligadamente convalidar nuevamente el Decreto 275”, detalló Golía.
No obstante, resaltó que “el objetivo central es que los beneficiarios tengan la vivienda”. “Vamos a facilitar para que se haga el relevamiento y se pueda llegar a la entrega final de la vivienda”, añadió.
Entre otros puntos de relevancia, Golía consideró que “al momento de hacer el decreto se cumplieron todos los requisitos y los pasos legales y procesales que establece la legislación vigente”.
“Nosotros vamos a exigir que se respete el fallo de la justicia. Esto no es un criterio discrecional de quien está de turno en la administración, sino que se ha discutido en una instancia superior que es la justicia. El fallo no está para discutirse, sino para acatarse”, sentenció.







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